La instauración de un estado policial en EEUU

A lo largo de la historia contemporánea ,  la humanidad ha sido testigo de recortes de libertades y metamorfosis abruptas de gobiernos democráticamente constituidos a estados autoritarios. Estos fenómenos históricos , por lo general , ocurren cuando la sociedad entera concesiona libertades civiles al gobierno de turno a cambio de seguridad.

Cuando una nación ve amenazada la integridad física de sus miembros, la soberanía territorial y la estabilidad social, esta considera legítimo y necesario el acto de ceder gran parte de los derechos del que gozan sus ciudadanos, transfiriendo un mayor poder y margen de acción al gobierno para que haga frente al peligro apremiante que vive el país. Sin embargo, este canje de libertad por seguridad, en muchos casos resulta costándole más caro a la sociedad que la propia amenaza que trata de evitar, pues es esta nueva relación de poder entre el gobierno y la ciudadanía  , en la que el ejecutivo tiene mayores facultades para actuar , incluso en ámbitos privados de la sociedad y ajenos a sus competencias regulares , las que dejan a la población sin recursos legales que garanticen la protección de sus derechos  y su capacidad de decidir en los asuntos de interés público , invalidando cualquier tipo de protesta bajo el lema :” estos recortes de libertades son necesarios para preservar la seguridad de la nación”. Es precisamente  esta mezcla de omnipotencia del poder ejecutivo y la simultánea desprotección de la sociedad, la condicion idónea para establecer un clima de violaciones sistematizadas a los derechos humanos.

El ejemplo Nazi.

 La noche del 27 de febrero de 1933  se incendia el edificio del parlamento alemán, El Reichstag. La explicación que dio en aquel momento el gobierno Nazi liderado por  el canciller Adolf Hitler  es que un grupo de terroristas comunistas habían organizado el siniestro que fue perpetrado por Marinus Van Der Lubber , un holandés medio ciego ,de 24 años de edad. Sin embargo , como demostraría la historia años después, el acto se llevó a cabo por el mismo estado germano , que mediante la Gestapo aprovechó unos túneles secretos para tener acceso a las instalaciones del edificio y provocar el propio atentado.

Pero, ¿por qué estaría interesado el gobierno alemán en encajarse un autogolpe?

A la mañana siguiente de hacer público el ataque al Reichstag , Hitler promulga el decreto Enabling Act , que erradicaba completamente la constitución alemana , recortando libertades civiles , prohibiendo la publicación de ciertas obras intelectuales , y aumentando el poder del líder de la esvástica sobre el propio parlamento teutónico. Toda esta serie de actos fueron justificados basándose en una lucha de falsa bandera contra una amenaza invisible que trataba de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. De esta forma, el Führer inicia una purga política e ideológica, eliminando opositores a su régimen, además de tener lista toda una plataforma para gestionar sus campañas militares y de corte racial sin que nadie pudiese ofrecerle resistencia. Al cabo de tan solo unos años empieza la invasión militar germana a Polonia que da comienzo a la segunda guerra mundial y a toda la barbarie que una mente irracional puede causar.

Y por increíble que nos parezca hoy en día estos hechos que ocurrieron durante el régimen Nazi, lejos de generar indignación y rechazo, las políticas de Hitler fueron demandadas al mismo tiempo que alabadas por la gran mayoría de la ciudadanía teutona. Esta apabullante y autómata aceptación de la población se debía al aparente acto de legítima defensa que estaba aplicando el gobierno para salvaguardar la integridad e intereses de la nación entera. Y va ser justamente este falso concepto de preservación de la seguridad nacional y lucha contra todo aquello que la amenaza, el principal dinamizador del fascismo en Europa Central con la concentración del poder alemán en la figura de Adolf Hitler.

Una de las frases célebres que pronuncia el líder del Nacional Socialismo ante el parlamento para justificar el decreto que pondría fin a la democracia e instauraría el gobierno despótico fue: “Un mal existe que amenaza a cada hombre, mujer y niño en esta gran nación. Debemos tomar medidas para asegurar nuestra seguridad interna y proteger nuestra nación”

El costo político, social y económico de haber concesionado las libertades civiles a cambio de una aparente seguridad fue de un saldo incalculable. La destrucción de naciones enteras, el holocausto judío , la muerte de millones de combatientes , los traumas y demonios que generó la locura febril de la dictadura Nazi son actos , sin duda, deleznables que no deberían volver a ocurrir . Lastimosamente, existen hechos concretos que pareciesen indicar que el camino hacia el autoritarismo mediante el recorte de libertades sigue latente en la sociedad y amenaza con salir a flote, quizás de una forma más sutil, pero no menos drástica.

El 11 S y El Patrioct Act

A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el presidente George W. Bush promulga El Patrioct Act, que es un texto legal que brinda una serie de nuevas competencias a la administración de Washington con la finalidad de hacer frente a las amenazas terroristas. Entre las principales nuevas facultades del ejecutivo se encuentran la autorización para interceptar llamadas, realizar allanamientos de morada, efectuar arrestos indefinidos sin habeas corpus, entre otros. Todas estas intervenciones dentro del marco del Patrioct Act se pueden llevar a cabo sin el debido proceso judicial, manejándose solo por la presunción de terrorismo. De este modo, esta nueva ley reconfigura el ámbito jurídico, desplazando las garantías constitucionales de la población, aumentando el rango de acción de la policía y los servicios de inteligencia , poniendo en una situación de vulnerabilidad las libertades más elementales contempladas en la constitución estadounidense ,lo cual en la práctica representa un cheque en blanco para el gobierno y las agencias de inteligencia, que han desplazado las competencias legales del poder judicial y los derechos fundamentales de la ciudadanía para hacer frente a las presuntas redes terroristas. No obstante, el establecimiento de este recorte de libertades constitucionales crea un precedente peligroso en la sociedad americana, pues a cualquier persona, sin importar su status o condición, se le puede confiscar sus bienes, se le puede arrestar, incomunicar e incluso desaparecer sin que exista algún recurso legal que exija al gobierno un pronunciamiento mayor  que el hecho de admitir una posible vinculación del individuo con grupos terroristas.

Sin duda, el Patrioct Act sobredimensiona el rol del poder ejecutivo , y de las fuerzas policiales y militares, dejando en una situación de máxima exposición a la población, la cual a su vez ha sido desprovista de todo mecanismo constitucional que pueda prevenir cualquier abuso por parte del estado.

Ratificación del Patrioct Act

El presidente Barack H. Obama el 27 de Mayo del 2010 ratifica las tres disposiciones legales más importantes del Patrioct Act, las cuales son: el arresto indefinido, la interceptación de llamadas y el allanamiento de morada.  Esta confirmación de la normativa legal que el mismo mandatario americano reconoció como crucial para preservar la seguridad nacional , curiosamente fue firmada minutos antes de que expirase , desde Francia , con la utilización del lapicero automático presidencial , que permite que el gobernante realice rúbricas sin la necesidad de estar en el lugar de forma física. De esta forma , Barack Hussein Obama prolonga en el tiempo las políticas de seguridad nacional de su predecesor, George W. Bush.

La legitimación de las ejecuciones sumarias e inmediatas

Este año han ocurrido dos eventos que establecen Importantes avances en la administración de justicia en el derecho internacional por parte del gobierno de Obama. En primer lugar, tenemos la confirmación del asesinato de Osama Bin Laden  el 2 de mayo del 2011 .Y en segundo instancia, pero no menos importante, tenemos las ejecuciónes el 30 de septiembre del 2011 de Anwar al-Awlaki y Samir Khan, ambos ciudadanos americanos que a su vez eran clérigos musulmanes y presuntos activistas de Alqaeda.
En todos estos ajusticiamientos por parte de operaciones militares americanas en territorio extranjero, ordenadas desde la misma Casa Blanca  , el gobierno estadounidense se ha ahorrado años de largos procesos judiciales en los que tendría que recabar pruebas concluyentes, además de estructurar criterios legales para demostrar la culpabilidad de los acusados. En vez de ello, ahora se ha instaurado las ejecuciones sumarias y de forma inmediata en las que se determina la culpabilidad y las sanciones mediante informes de inteligencia donde el derecho internacional es pasado por alto descaradamente en nombre de la seguridad nacional.

Es realmente paradójico ser testigos históricos de como  el premio nobel de la paz del 2009(Obama) ordena el asesinato de individuos, decretando a su vez el hundimiento de sus cuerpos al mar, pasando por alto todos los principios más elementales del derecho internacional. Si bien  es cierto  que estas prácticas  EEUU las ha venido llevando a cabo durante varias décadas mediante operaciones secretas de inteligencia , el hecho de ser declaradas abiertamente en los medios por la propia voz del sentenciador , en este caso  el presidente Obama , demuestra la intención de naturalizar un evento , completamente ilegal , desde cualquier punto de vista,  que además rompe con el concepto mismo del derecho.

Si un individuo es acusado de un crimen, lo normal, lo correcto, lo ético, es arrestarlo y establecerle un proceso judicial para determinar su responsabilidad en los actos delictivos mediante la presentación de evidencias y permitiendo a la persona la posibilidad de defenderse. Todo esto dentro de un estado de derecho que tiene como principios supremos el respeto por la vida, la libertad y la justicia. A un delincuente se le combate con la ley, se le combate con el derecho. Si la autoridad, llámese gobierno o institución fiscalizadora se degrada al mismo nivel del criminal, optando por aplicar métodos que atentan contra la dignidad y la vida humana, se pierde la autoridad ética para imponer la pena y combatir los crímenes que se pretenden erradicar. Si para combatir el terrorismo, el gobierno americano se vuelve terrorista, se descalifica a sí mismo, perdiendo toda autoridad.

Pero dejemos de lado el caso más mediático,  dentro de las ejecuciones sumarias , como es la  muerte de Bin Laden,y analicemos el que menos cobertura ha tenido en la prensa , y que , sin embargo , es el más relevante  por el precedente que establece dentro de las políticas de “seguridad nacional americana”.

 Anwar al-Awlaki y Samir Khan , dos ciudadanos americanos de origen árabe, que a su vez eran clérigos musulmanes, fueron ejecutados en una operación militar americana sin que estos hayan estado armados o pudiesen haber ejercido algún tipo de resistencia al ataque contra sus vidas. Esta información sería corroborada a las pocas horas de haberse efectuado los asesinatos por orden de Barack Obama , quien  además , añadió que él mismo había elaborado junto al Consejo de Seguridad Nacional una lista de candidatos a ser ejecutados extrajudicialmente por la CIA, con la acusación de ser miembros de la filial de Alqaeda en la península arábica y una amenaza a la seguridad nacional.

Lo particular de este caso , dejando de lado el hecho de que se trasgrediera el derecho internacional , es que la decisión de Obama no solo desconoce la vigencia de los decretos de 1976 y 1978 firmados por Gerad Ford y Jimmy Carter , que prohíben que funcionarios del gobierno federal cometan asesinatos políticos , sino también se demuestra una total insurrección y traición a la quinta enmienda de la constitución americana , que establece que ningún ciudadano estadounidense será privado de sus bienes , su libertad , o su vida , sin el debido proceso judicial.

Conclusiones

 Vemos que la historia se repite al igual como ocurrió en el gobierno Nazi. Cuando a una nación se le obliga a escoger entre seguridad nacional y libertades constitucionales, basándose en hechos aparentemente legítimos, como es el derecho a protegerse, y esta opta por un recorte de sus libertades para garantizar la protección nacional, ocurren necesariamente violaciones a los derechos humanos. Legislaciones como el Patrioct Act, donde la administración en Washington puede interceptar llamadas, allanar moradas o arrestar de forma indefinida sin habeas corpus a cualquier ciudadano, basándose en argumentos imprecisos, genéricos y que no aportan ninguna prueba como decir que el individuo es una amenaza para la seguridad nacional, establecen una nueva y peligrosa configuración del poder donde el gobierno tiene un control ilimitado sobre la población. Si a eso añadimos las ejecuciones sumarias e ilegales cometidas en la administración Obama, que demuestran un total desprecio hacia el derecho internacional y se desconoce los propios decretos y enmiendas de la constitución americana, no es difícil darse cuenta que EEUU ,que  siempre fue visto como la tierra de las libertades, va camino hacia el autoritarismo. Sin embargo, esta situación actual no es una causa que se le pueda responsabilizar a un gobierno en particular, es un problema estructural. EEUU viene en las últimas décadas dando señales de una transmutación de un estado de derecho a un estado policial. Por dar un ejemplo, Estados Unidos ha batido todos los records de prisiones a  nivel mundial, donde 1 de cada 3 afroamericanos, entre los 25 a 40 años, están encarcelados. Esta suerte de estado gendarme ha venido incrementándose de forma acelerada a partir del 2009. Así tenemos el caso de la FEMA, que es la agencia federal para el manejo de emergencia, que ha establecido más de 20 mil tropas de policías para actuar de forma plena frente a los ciudadanos, en caso de catástrofe económica y alimentaria, lo que en otras palabras significa que la policía puede arrestar, torturar y acribillar ciudadanos si lo consideran pertinente en caso de colapso económico en territorio americano. También se ha determinado, bajo el gobierno Obama , conceptos como el eco-crime  y el pre-crimen , que son términos que establecen que una serie de actos son considerados delitos que atentan contra el equilibrio del ecosistema , como el absurdo hecho de calificar de falta sancionable el colocar comida caliente dentro de un refrigerador , o dejar los grifos del agua abiertos , etc. Estos hechos permitirían a la policía poder intervenir a cualquier ciudadano, sin orden judicial de por medio. Si bien es cierto que esta legislación no se ha llevado a la práctica todavía, es una herramienta que podría ser aplicada para arrestar de forma arbitraria.

Sin duda, es una situación alarmante, y es importante que la ciudadanía americana y los habitantes del mundo se informen sobre este tipo de hechos que pueden pasar desapercibidos en medio de montajes mediáticos, que buscan distraer la atención del público de situaciones que realmente comprometen su futuro e integridad. El primer paso es estar informados, porque solo una sociedad informada y bien educada puede hacer frente a este tipo de acciones despóticas.